Mejor un pacto por el crecimiento y el empleo

Hernán Cheyre V.

El Pacto Fiscal para el Desarrollo anunciado por el presidente Boric -una propuesta, en estricto rigor- tiene como problema de origen haber sido construido con un mal anclaje en la base. Hay que recordar que esta iniciativa surgió luego del rechazo en la Cámara al proyecto de reforma tributaria que se había presentado, el cual, además de las deficiencias técnicas y del sesgo anti ahorro y anti inversión que contenía, estaba centrado en una meta de recaudación para financiar nuevas necesidades de gasto, dejando en un segundo plano la otra cara de la medalla -la más difícil-, referida a cómo aumentar la eficiencia del gasto público liberando recursos para poder destinarlos a nuevos usos.

Haciéndose cargo de estas críticas, el Gobierno ha presentado una nueva propuesta que incorpora avances en los temas señalados, pero de nuevo anclada en la arista fiscal de un problema que es mucho más de fondo en la economía chilena -la pérdida en la capacidad de crecimiento-, y de ahí el título de la propuesta.

“Ante las serias dificultades de nuestra economía, debemos consensuar un pacto que establezca metas y plazos concretos de crecimiento y empleo, que no esté centrado en lo fiscal, pero que incluya un reordenamiento tributario compatible con estos objetivos”. 

No se puede desconocer que esta versión presenta avances importantes respecto de la iniciativa anterior en cuanto a su alcance, dejando para el final el cálculo del ajuste tributario, luego de estimarse lo que se podría recaudar vía mayor fiscalización, mayor eficiencia en el gasto y mayor crecimiento. Pero sin perjuicio de esta mejor forma procedimental, aunque en el ámbito impositivo se dejaron fuera el impuesto patrimonial y las utilidades retenidas, persiste el sesgo de querer focalizar una eventual alza en la tributación a la renta de las personas de más altos ingresos.

Eso desaprovecha esta oportunidad para corregir la gran anomalía tributaria chilena que significa que el 75% de los contribuyentes estén exentos del impuesto a los ingresos, que quienes ganan más de $4 millones mensuales (4% del total) paguen el 85% de la recaudación total de este tributo, y que el 0,01% de ingresos más altos deba hacerse cargo del 25% del total recaudado.

En definitiva, el fondo de la propuesta sigue teniendo como eje central un objetivo de recaudación fiscal, sin perjuicio de lo propuesto en materia de innovación, crecimiento y productividad, que en buena medida corresponde a iniciativas que el Gobierno ya viene implementando, como es el caso de la debatible estrategia de priorización sectorial en marcha, y que en casos tan relevantes como el litio difícilmente van a lograr el objetivo si se persiste en la idea de entregar el control de la industria al Estado, a través de empresas públicas que se encuentran hoy día en una dificilísima situación financiera.

Ante las serias dificultades por la que atraviesa la economía chilena, más que avanzar en un Pacto Fiscal por el Desarrollo, el camino que se debe seguir es el de lograr consensuar un Pacto por el Crecimiento y el Empleo que establezca metas y plazos concretos en estas materias, que no esté centrado en lo fiscal, pero que incluya un reordenamiento tributario que sea compatible con estos objetivos, y que por sobre todas las cosas mejore las condiciones de entorno necesarias para atraer inversión extranjera y para permitir que la capacidad emprendedora que hay en Chile pueda desplegarse con todo su potencial, aprovechando las múltiples oportunidades que ofrece el país.